Maestría Facultad de Derecho y Ciencia Política

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Contención del crimen organizado en el marco del proceso penal acusatorio garantista: Valor probatorio de las operaciones de inteligencia
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) De la Cruz Marticorena, Erick Eloy; Martinez Huaman, Raul Ernesto
El crimen organizado representa una amenaza real para los Estados. Debido al afianzamiento e interconexión entre distintas empresas, industrias y organizaciones criminales. Así también, preocupa su infiltración en el poder político, funcionarial y económico, para generar escenarios de impunidad. Enfrentarse a este fenómeno delictivo demanda, además de las técnicas tradicionales de investigación, el empleo de técnicas especiales de investigación (TEI). Sin embargo, se constató que existe una gran confusión en los operadores de justicia, al momento de emplear y valorar las TEI. Es usual en nuestro medio referirse indistintamente a las TEI y las actividades de Inteligencia, como si se tratara de lo mismo, o como si la segunda estaría comprendida dentro de la primera. Esta forma de entender la Inteligencia, pierde de vista su real importancia y utilidad. La Inteligencia prexiste al derecho mismo, se ha institucionalizado, sistematizado y viene sofisticándose permanentemente, a la par de la tecnología. El presente estudio se centró en determinar el valor probatorio de la información de inteligencia enmarcado en el proceso penal acusatorio y garantista. Para lo cual se siguió el tipo de investigación dogmático normativa y doctrinaria. Los datos fueron recogidos empleando la técnica de análisis documental. En la parte central del trabajo se diferenció entre TEI y acciones de Inteligencias, se identificó los mecanismos para incorporar la Inteligencia al proceso penal y se demostró que el empleo de la misma no vulnera derechos fundamentales. Finalmente se concluyó que la incorporación de la Inteligencia al proceso penal, garantiza una relación armoniosa entre la eficacia penal y el respeto de las garantías procesales.
Saneamiento físico legal, por transferencia de inmuebles de propiedad del Estado que vienen administrando y/u operando las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, de accionariado estatal y municipal
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Mata Huerta, Miguel Edwin; Huerta Ayala, Oscar Alberto
La investigación se centra en examinar el marco legal que rige los procedimientos relacionados con el saneamiento físico y legal de los inmuebles gestionados o utilizados por las EPS, con el objetivo de apoyar el cumplimiento de su propósito social. Además, se analiza cómo este proceso influye en el saneamiento financiero de los EPS, así como en la ejecución de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento. Asimismo, se destaca la relevancia de mejorar dicho marco normativo para que estas empresas alcancen una gestión autónoma, basada en el saneamiento físico, legal y financiero mencionado anteriormente. En este contexto, la Exposición de Motivos del DS N° 008-2020-VIVIENDA, que introduce modificaciones al reglamento del DL N° 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento (Ley del Servicio Universal), destaca que uno de los principales objetivos de la política pública en el sector saneamiento es lograr la autonomía empresarial. Para ello, resulta fundamental la valorización de los activos de las empresas, incluyendo los inmuebles, así como su incorporación en el capital social correspondiente. Para tales efectos, el saneamiento físico legal de los inmuebles que la empresa prestadora administra y/o gestiona para el cumplimiento de su objeto social es fundamental; sin embargo, se ha observado que dichas empresas enfrentan retos; ya que, en muchas ocasiones, dichos inmuebles aún se encuentran en titularidad de otras entidades públicas, situación que impide la gestión eficiente de su patrimonio y la actualización de su capital social. Dicho ello, resulta oportuno indicar que uno de los aspectos esenciales de la Política Nacional de Saneamiento, ratificado por el DS Nº 007-2017- VIVIENDA, emitido el 11 de marzo de 2017, es la sostenibilidad financiera, la cual, conforme hemos indicado en los párrafos precedentes, no sería viable sin el saneamiento físico legal antes mencionado. En este contexto, se identificarán las oportunidades de mejora detectadas a partir del análisis de los siguientes marcos normativos: la Ley del Servicio Universal, su reglamento aprobado mediante el DS Nº 009-2024-VIVIENDA, y la Directiva Nº 001-2021/SBN, que define las normas para la transferencia de bienes del Estado conforme al DL N° 1192, confirmadas mediante la Resolución N° 060-2021/SBN. Sobre este aspecto, el DL N° 1192, que regula la Ley Marco para la adquisición, expropiación y transferencia de inmuebles de propiedad estatal, establece que estas transferencias se llevan a cabo entre las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Esto se aplica a los bienes estatales que sean fundamentales para la realización de proyectos de infraestructura, los cuales deben contar con una declaración de necesidad pública o interés nacional, entre otros criterios. Además, establece que la transferencia puede llevarse a cabo en propiedad o a través de otro derecho real, siempre de manera gratuita, en favor de la entidad pública que lo requiera. La autorización para esta transferencia se otorga mediante una resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Dicho ello, el presente estudio prevé analizar las mejorar para que dicho mecanismo de transferencia, pueda ser utilizada de manera más eficiente por las EPS.
Responsabilidad penal restringida y determinación de la pena: justificación para su inaplicación en el delito de robo agravado
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Ramirez Tipacti, Luis Alberto; Riega Virú, Yasmina Beatriz
La presente Tesis tiene por objetivo demostrar que el supuesto de inaplicación de la responsabilidad penal restringida para la determinación de la pena en personas de dieciocho a veintiún años de edad que cometen el delito de robo agravado, carece de justificación técnica y teórica. Puesto que en la práctica, diversos órganos jurisdiccionales vienen inaplicado la restricción contemplada en el segundo párrafo del Art. 22 del Código Penal al amparo de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República. La misma que ha indicado que la esencia de dicho beneficio premial para la determinación de la pena está basada en la edad del autor y no en la gravedad del delito.
El contenido constitucional del Principio de Legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador, desde la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Ortiz Torres, Aldo Manuel; Alarcón Requejo, Gilmer
La investigación se centrará especialmente en los contenidos más controvertidos del Principio de Legalidad: el Principio de Tipicidad y la Reserva de Ley, que han derivado en una compleja interrelación en cuanto a su aplicación en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, y respecto de los cuales se han emitido pronunciamientos disímiles por parte de las máximas autoridades jurisdiccionales. Así, a lo largo del tiempo han ido ensayándose más de una interpretación, en aras de alcanzar la armonía entre los fines del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración y los derechos del ciudadano frente alpoder punitivo del Estado. En ese sentido, nuestro objetivo inicial será definir los alcances del Principio de Legalidad, en cuanto a sus contenidos de Reserva de Ley y Principio de Tipicidad, a partir de lo señalado en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú (en adelante, TC), teniendo en cuenta el marco de los distintos procesos de control concentrado de constitucionalidad de las leyes, en las que la interpretación del alcance de dichos principios constituye la ratio decidendi. Con ello, analizaremos si los alcances que se que el TC ha establecido para el Principio de Legalidad, son efectivamente aplicados por los operadores jurídicos, y que consecuencias podrían derivarse de una aplicación estricta e inmediata de tal principio al juzgar la constitucionalidad de las normas sancionadoras vigentes.
La interpretación adjetiva del deber de idoneidad en el Derecho Procesal de Consumo en el Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Damián Medina, Omar Alfredo; Bermúdez Tapia, Manuel Alexis
Nuestro modelo de economía social de mercado, alberga diversos principios constitucionales de orden patrimonial en la Constitución Política del Perú (a futuro, la/nuestra Constitución), entre los que destacan la tutela y salvaguarda de los intereses de los consumidores y motivó que se creara un sistema normativo y jurisprudencial que se desarrolla a partir de la Ley Nro. 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (para todo efecto práctico, en lo sucesivo, el Código, nuestro Código o norma objeto de estudio). Esta norma, estipula los contenidos que articulan, desarrollan, enmarcan y fundamentan la práctica jurisprudencial e institucional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (a futuro, el Indecopi) en materia de consumo a nivel nacional. Sin embargo, en las últimas tres décadas, la práctica jurisprudencial a nivel administrativo que desarrolla el Indecopi, deja entrever que el avance jurídico de nuestro sistema actual, ha evidenciado diversas limitaciones debido a la situación que actualmente enfrenta el “Deber de Idoneidad” (en adelante, también podrá ser simplificado como el DI), a partir de sus cada vez más contradictorias resoluciones. Aunado a ello, se suma que nuestro actual modelo económico y social, se orienta hacia un corte cada vez más intervencionista y sobreproteccionista, apartándose de las bases de un esquema liberal, que se caracteriza por la competitividad y el desarrollo del mercado de forma autónoma, lo cual, ha incidido directamente en la práctica jurisprudencial de los últimos años, evidenciando un notorio cambio de paradigmas. De ese modo, uno de los principales elementos que destacan en este cambio de paradigmas en el ámbito constitucional-económico y que se halla en la relación “consumidor-mercado-proveedor” es el “Deber de idoneidad”, el cual será nuestro objeto de estudio en la presente investigación. En ese orden de ideas, con evidente literalidad jurídica y reiterada tradición académica ciegamente ortodoxa, en el artículo 18° nuestra norma objeto de estudio, se encuentra contemplado el “DI”, el cual es definido como la correspondencia entre lo que el consumidor –quien finalmente legitima este sistema normativo– espera recibir frente a lo que efectivamente recibe, a partir de la expectativa generada por aquella información que oportunamente trasladó el proveedor, mediante la publicidad, condiciones y circunstancias de la transacción, así como otros factores propios del bien. Sin embargo, se ha dejado de lado que el “Deber de Idoneidad” abarca aspectos mucho más amplios que trascienden a una interpretación tan variable e impredecible como la que actualmente realiza el Indecopi. Consecuentemente, siguiendo las pautas metodológicas que estipula nuestra universidad, se analizará dos elementos puntuales del “Deber de Idoneidad”: El contenido sustantivo que define su naturaleza jurídica y el contenido adjetivo que desarrolla su perspectiva y práctica jurisdiccional. Temáticamente, la organización y ejecución de la presente tesis analizará, en primer término, la esfera de tutela al consumidor, para evaluar los intereses y el ámbito de proyección del consumidor en el mercado, respecto de los bienes que pretende adquirir o disfrutar directamente para él o para su entorno social. Con ello, nuestra investigación abrirá paso al estudio del “Deber de Idoneidad”, la cual corresponde a una condición que se complementa, en la misma dimensión y proyección al resto de obligaciones que debe cumplir todo proveedor, para efectuar una relación justa y transparente, tendiente a reducir las brechas que existen con motivo de la asimetría con los consumidores. Sobre este punto, el análisis de los aspectos procesales y jurisprudenciales en el plano administrativo, permitirán evaluar las acciones que tiene todo consumidor ante el esquema de tutela que propicia el Indecopi, el mismo que, más allá de tutelar los derechos de una persona afectada, debe garantizar la condición saludable y competitiva de todo el mercado. En mérito de lo expuesto, la presente investigación nos permitirá fundamentar la importancia de la autonomía y desarrollo del derecho procesal de consumo, tomando en cuenta que se analizarán los aspectos técnicos y procesales que marca la tutela de los consumidores ante el Indecopi, así como la evaluación del contexto argumentativo que se desprende de esta especialidad. Finalmente, la imperiosa necesidad de realizar una reinterpretación del “DI”, distinta a la que realiza la autoridad administrativa de consumo, a todo nivel, obedece a diversas razones de corte jurídico y económico, las cuales, expondremos en el desarrollo de nuestra investigación.
El principio de legalidad en la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos por Sendero Luminoso
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Agramonte Ramos, Rolando; Centeno Buendía, Héctor Manuel
En el Perú no existe ninguna condena por crímenes de lesa humanidad (en adelante CLH), pese a que estos se han cometido, se cometen y se seguirán cometiendo mientras las normas del derecho penal internacional (en adelante DPI) no disuadan a sus potenciales perpetradores, que son, indistintamente, las fuerzas de un Estado o de una “organización análoga” como lo fue y es todavía Sendero Luminoso. Ambas fuerzas cometieron CLH durante el conflicto armado interno (1980-2000), por lo que deben enfrentar, por igual, los rigores de la justicia penal internacional, sin limitarse este solo a las fuerzas estatales. Existe la posibilidad legal, vía interpretación histórica, sistemática y teleológica de las leyes penales, nacionales e internacionales, para considerar a los militantes del Sendero Luminoso como sujetos de imputación de CLH por los execrables hechos cometidos por estos durante las dos últimas décadas del siglo anterior y aún en el presente. Así como la viabilidad, con absoluto respeto de todas las garantías, de aplicar directamente el DPI, más precisamente Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 (en adelante ECPI), en nuestro derecho interno, para hechos posteriores a su vigencia, claro, pero también para hechos anteriores, en virtud de la retroactividad in bonam partem, sin necesidad de ninguna norma interna de desarrollo y sin trastocar el principio de legalidad.
Incompatibilidad de la prueba oficio con el principio de imparcialidad judicial en el código procesal penal
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Castillo Añazco, Lady Diana; Brousset Salas, Ricardo Alberto
Establece si la actuación de la prueba de oficio resulta incompatible con el principio constitucional de imparcialidad judicial regulada en el Código Procesal Penal. Se parte de la premisa que la imparcialidad de los jueces es un principio reconocido constitucionalmente dentro de un Estado de derecho, el cual implica dos aspectos. Por un lado, la independencia que debe tener el tribunal con relación a todo tipo de influencia o presión ya sea esta política o social; y, por otro lado, la relación semejante del juzgador para con las partes, lo que significa que no debe estar comprometido con ninguno de los intereses de las partes en conflicto. Sin embargo, cabe señalar que el actual proceso penal regula la denominada “actuación probatoria oficiosa”, trayendo como consecuencia el cuestionamiento de muchos juristas quienes consideran si dicha actuación estuviese afectando el principio constitucional de imparcialidad judicial. Al respecto, se parte del hecho de que, en un proceso penal, uno de los fines es acercarse a la verdad de los hechos que son materia de debate y respecto a los cuales el juez va a emitir pronunciamiento. Es así como, la denominada prueba de oficio es una actuación que el juzgador debe de realizar de manera excepcional y cuando sea estrictamente necesaria, solo una vez culminada la recepción y el debate de las pruebas, siempre y cuando dicha actuación probatoria de oficio resultase indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad, cuidando de no reemplazar por este medio la actuación de las partes. Es en este último punto referido a “no reemplazar o sustituir a las partes” es donde reside el peligro de dañar la imparcialidad judicial. El objeto de esta investigación reside en la incompatibilidad de la prueba de oficio con el principio de imparcialidad judicial en el Código Procesal Penal. Se observó el Sistema Anticorrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima, tomando en consideración las diversas posturas de operadores de este Sistema, como son jueces, fiscales del distrito fiscal de Lima Centro y abogados. Se trabajó mediante una investigación de carácter analítico, que fundamentalmente consiste en establecer la relación entre las variables que son parte de esta tesis.
La participación de las fuerzas armadas en las contrataciones públicas a raíz de la atención de desastres naturales en zonas alto andinas y de penetración de selva
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Zevallos Ocampo, Glenn Roller; Bermúdez Tapia, Manuel Alexis
La atención de las necesidades de las poblaciones ubicadas en zonas alto andinas y de penetración de la selva es una condición negativa en el país y ante situaciones de desastres naturales las Fuerzas Armadas son las únicas entidades que brindan atención y colaboración ante estos problemas. La legislación en materia civil y contractual administrativa no ha tomado en cuenta las condiciones negativas que limitan la ejecución de obras de atención en épocas de emergencia y ante ello se plantea una investigación que pueda atender este problema demostrándose la viabilidad de estas acciones que actualmente ya se ejecutan, pero a un nivel gratuito con detrimento del presupuesto de las Fuerzas Armadas a pesar de que las entidades de la administración pública tienen presupuesto destinado para estas actividades.
El delito de extorsión y el derecho de protesta en el estado peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Pariona Paucar, Jose Christian; Centeno Buendia, Héctor Manuel
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la manera en que el acto de protesta social se contempla como un tipo derivado como agravante específica del tipo base del delito de extorsión artículo 200 del CP. De allí que la pregunta general de investigación fue: ¿El acto de protesta social debe contemplarse como un tipo derivado como agravante específica del tipo base del delito de extorsión artículo 200 del CP? Nuestra investigación adopta un enfoque cualitativo con un método general de hermenéutica. Se trata de una investigación básica o fundamental, con un nivel explicativo y un diseño observacional. Por ello, se empleará la técnica del análisis documental, procesando los datos mediante la argumentación jurídica. Para la recolección de datos, se utilizarán fichas textuales y de resumen de textos relevantes. El resultado más importante fue que: Sobre los elementos externos, el tema de fondo implica las causas sociales, políticas o económicas que generaron el objetivo de la acción, que puede ser un escenario económico de recesión o un escenario de corrupción. La conclusión más relevante fue que existe una evidente incongruencia entre el derecho de protesta y el delito de extorsión, en referencia a la existencia del acto de protesta como agravante específica del delito de extorsión; la recomendación fue generar una línea jurisprudencial que se convierta en el epítome de la reflexión sobre la inconsistencia de la proscripción de los actos de protesta dentro del delito de extorsión.
Fundamentación axiológica de los derechos humanos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Cueto Chumán, Pedro Gustavo Alberto; Ñique De La Puente, José Antonio
La presente tesis explora la axiología de los derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria combinando los campos de la filosofía moral, el derecho internacional y la sociología. La axiología se refiere al estudio de los valores y principios subyacentes que sustentan y justifican los derechos humanos en diferentes contextos culturales y legales. El objetivo fundamental de esta investigación es analizar cómo la axiología tiene un impacto en la comprensión, interpretación y aplicación de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. El estudio se basa en un enfoque comparativo que abarca tanto la legislación nacional de Perú como los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país. A través del análisis se examinan las divergencias y convergencias en la interpretación axiológica de estos derechos. Además, se indaga en cómo factores históricos, culturales y sociales influyen en la percepción de los valores subyacentes en los derechos humanos El marco teórico de la tesis abarca diversas corrientes filosóficas y teorías de derechos humanos, entre los que podemos mencionar el utilitarismo, el contractualismo y el enfoque de los derechos naturales. Estas perspectivas son contrastadas con los desarrollos normativos y jurisprudenciales en el contexto peruano y ámbito de los tratados y convenciones internacionales. El análisis revela tanto convergencias en la importancia otorgada a la dignidad humana y la igualdad, como diferencias en la jerarquía de valores en juego en diferentes contextos. En última instancia, esta tesis contribuye a una comprensión más profunda de cómo la axiología de los derechos humanos influye en la toma de decisiones judiciales, elaboración de políticas públicas y promoción de reformas legales en Perú y en la comunidad internacional. Además, pone de relieve la necesidad de un diálogo constante entre las esferas filosóficas, legales y sociales para garantizar una interpretación coherente y progresiva de los derechos humanos en un mundo cada vez más diverso y globalizado.
Legitimidad e injusto de los delitos de corrupción privada
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Robles Ramos, Rocío; Pariona Arana, Raúl Belealdo
La presente investigación tiene como objetivo fundamentar la legitimidad y analizar los elementos del injusto de los delitos de corrupción privada. La presente tesis resulta correspondiente a la Dogmática-Jurídica y la metodología empleada se encontrará circunscrita al análisis y explicación del fenómeno de la corrupción privada, así como el desarrollo de los tipos penales, además de las reformulaciones críticas planteadas por la autora con la finalidad de que el legislador realice su modificación en el futuro. En efecto se expone el índice de percepción de la corrupción 2022, en una escala del 0 al 100, donde 0 representa el grado más alto de corrupción y 100 un país o territorio limpio, el Perú tiene asignado un puntaje de 36 lo que significa que nos acercamos hacia los países de la región con más prácticas corruptas en los sectores público y privado; asimismo nos posicionamos como país en el puesto 101 de los 180 países y territorios a nivel mundial que percibe más prácticas corruptas al interior de su sociedad.
La voluntad de la mujer de implantación del embrión crioconservado frente a la oposición del ex cónyuge, una vez producido el divorcio
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Tavara Valdez, Arturo Arnold; Meza Ingar, Carmen
La crio conservación de embriones utilizado para una posterior transferencia inducen además del dilema ético, moral o religioso un profundo cuestionamiento jurídico que hemos tratado de resolver en la presente investigación, en relación a la discrepancia que se origina luego de haberse suministrado el material genético de manera consensuada por los cónyuges, su crioconservación, y luego de producido el divorcio, sólo se mantiene la voluntad de implantación de la mujer y la negativa del ex cónyuge. Nos preguntamos si el derecho genético nacional regula el destino del embrión crio conservado luego que se ejecutó una técnica de reproducción asistida y se produjo el divorcio, y si nos permite establecer cuál de estas voluntades debe prevalecer; la negación del ex cónyuge desde el respeto al derecho de procreación que la Constitución Nacional tutela; o la voluntad de implantación de la mujer, resguardado por el derecho a la vida del embrión crio conservado, y la imposibilidad de revertir sus propios actos del ex cónyuge.
El error de prohibición y su aplicación en la administración de justicia del Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Saavedra Posso, Basilio Francisco; Chávez De Paz, Gregorio Dennis
Como integrante de una de las instituciones del Sistema de Justicia Penal, y teniendo en cuenta la composición social de nuestro país, del que fluyen los agentes activos de diversas acciones delictuosas con determinados grados de conocimiento de las normas prohibitivas, me genero la inquietud de investigar la aplicación de la figura penal del error de prohibición, por los juzgadores en la administración de justicia del Perú, en cuyo desarrollo he abordado en una primera parte, los aspectos metodológicos referidos a la formulación de los problemas principal y secundarios, la formulación de las hipótesis correspondientes específicos sobre la aplicación del error de prohibición, en la administración de justicia del Perú. En una segunda parte, desarrollo el marco teórico, los antecedentes y la definición del delito del error de prohibición, la invencibilidad e invencibilidad del error, y las manifestaciones de la conciencia de ilegalidad. En una tercera parte, desarrollo el Contraste de Hipótesis, teniendo en cuenta las unidades de análisis constituidas por 98 sentencias, cuyos considerandos y sentencias han sido tenidos en cuenta para la operatividad de las variables, sea o no aplicable el error de prohibición, para finalmente concluir con la interpretación de los resultados de la matriz, la posición personal, las propuestas para la solución del problema, las conclusiones y recomendaciones.
Delito de Negociación Incompatible: ¿Cuál es el bien jurídico protegido?
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Gonzales Orbegoso, Jhonny Alexander; Rojas Rodríguez, Héctor Fidel
La presente tesis tiene como objetivo identificar cuál es el bien jurídico protegido del “DNI” y cómo debe interpretarse desde la óptica penal. A través de un estudio de tipo jurídica-normativa y dogmática. ROBER ALEXY, con la finalidad de determinar qué son los argumentos dogmáticos y qué rol juegan en el discurso jurídico, se propone, previamente, determinar qué se debe entender por «dogmática jurídica». En ese propósito afirma que es una disciplina pluridemensional dado que comprende, la descripción del Derecho vigente, su correspondiente análisis sistemático y conceptual y finalmente, la elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos1. Sobre la base de lo expuesto, en la presente tesis se parte por analizar el ordenamiento jurídico y se desarrolla un análisis sistemático y conceptual. Finalmente, se propone y fundamenta una interpretación de la norma que regula el tipo penal de Negociación Incompatible. Este extremo comprende la clasificación, registro y codificación de los datos, así como aquellas técnicas analíticas que se utilizará para contrastar la hipótesis y de ese modo obtener las conclusiones.
La herencia entre parientes afines en la familia ensamblada: Un estudio desde el Derecho Constitucional peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Del Valle Vargas, Jorge Enrique Junior; Bermúdez Tapia, Manuel Alexis
La familia ensamblada es uno de los más recientes modelos de linaje reconocidos formalmente por el Tribunal Constitucional peruano en el ordenamiento jurídico nacional. A través de sus pronunciamientos le ha reconocido una serie de derechos basados en los vínculos paternoafectivos. Sin embargo, pese a sus reiteradas sentencias en la materia, omite pronunciarse con relación a si existe derecho a la herencia entre padre e hijos afines y cuál sería su desarrollo. Conforme a la regulación vigente en la materia, aparentemente esta prerrogativa jurídica no debiese existir, sin embargo, en atención a las sentencias antes señaladas de este tribunal, nosotros consideramos que sí, teniéndose en cuenta que sus planteamientos por analogía pro homine nos permiten afirmar su existencia. En ese orden de ideas, nos proponemos analizar si debiera regularse el derecho a la filiación afín y cuál debería ser su contenido, alcance y eficacia jurídica. Asimismo, nos recomendamos destacar el papel del activismo judicial como garante de la satisfacción y tutela de este derecho, mientras no exista una reforma legislativa al respecto.
El uso inapropiado del nombre y los procesos de cambio, supresión o adición de prenombre en los juzgados civiles o mixtos en el distrito judicial de Lima: 2017-2021
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Sotomayor Rivera, Jesús Yuseff; Bermúdez Tapia, Manuel Alexis
Se realiza un estudio de investigación descriptiva, correlacional, y transversal sobre la designación de prenombres ridículos, inapropiados y contrarios a la dignidad de la persona humana en la Corte Superior de Justicia de Lima. La población está compuesta por las sentencias judiciales sobre cambio, supresión o adición de prenombre de la Corte Superior de Justicia de Lima de los años judiciales correspondientes desde el 2017 al 2021. Se selecciona una muestra que está conformada por las sentencias judiciales: primera, segunda instancia y jurisprudencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de Lima correspondiente a los años judiciales desde 2017 hasta 2021, donde se aplica el muestreo aleatorio simple para proporciones con error del 5% y nivel de confianza del 95%. La información se recolecta mediante la revisión y análisis de los expedientes de los procesos judiciales en giro y/o archivados según expedientes N°: 003395-2023-TDA-SG (Lima), 004497-2022-OAL-P-CSJLIMANORTE-PJ (Lima Norte), 051039-2022-TDA-SG (Lima Sur) y 0511039-2022-TDA-SG (Lima Este) generados por el área de informática de dichas cortes, teniendo en cuenta las Áreas de Administración de Base de datos, previo consentimiento informado. Se aplica además una encuesta de opinión sobre el cambio, supresión o adición de prenombre a ciudadanos, partes, abogados y magistrados de dichas localidades. Esto permite determinar los principales problemas en los prenombres ridículos, inapropiados y contrario a la dignidad de la persona humana que genera afectación al portador y de esta manera contribuir al mejoramiento de la dignidad de las personas.
Los modelos de responsabilidad de la persona jurídica en el sistema penal peruano luego de la entrada en vigencia de la Ley N.° 30424
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Córdova Rojas, Joel Enrique; Sáenz Torres, Alexei Dante
Analizar los modelos de responsabilidad de la persona jurídica que se encuentran vigentes en nuestro sistema penal, como lo son las consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica, así como la denominada responsabilidad “administrativa”, para indicar las razones dogmáticas y político criminales que permitirían su coexistencia. Los modelos de responsabilidad de la persona jurídica en el sistema penal vigente, que son las consecuencias accesorias y la denominada responsabilidad “administrativa”, pueden coexistir porque ambos obedecen a fundamentos teóricos y fácticos distintos, por cuanto el primero es una medida asegurativa que se aplica a la persona jurídica por el riesgo que ella representa y más próximo a un modelo de hetero-responsabilidad, mientras que el segundo corresponde a un modelo de responsabilidad penal autónoma.
La determinación objetiva y positiva del hecho como fundamento y límite de la intervención delictiva del intraneus en los delitos especiales funcionariales
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Armas Sánchez, Roger; Martinez Huaman, Raul Ernesto
En la actualidad, la intervención delictiva, como una de las instituciones jurídico penales de la parte general, trae consigo una vasta problemática en su entendimiento, interpretación y aplicación. Esta categoría dogmática reviste de mayor complejidad y problemática en los injustos penales especiales funcionariales, sobre el cual, la dogmática, doctrina y jurisprudencia nacional han desarrollado hasta tres líneas hermenéuticas: dominio del hecho, infracción del deber en sus tres variantes (extrapenal, institucional y penal) y dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. No obstante, pese a sus esfuerzos dogmáticos y político criminales, ninguno ha brindado una idónea, sólida y consistente propuesta de solución. Así, dentro de los injustos penales funcionariales se advierte aquellos de daño o resultado y de mera conducta o actividad. Esta última ha tenido escaso tratamiento en el Perú. De ahí que la tesis que se presenta –sui generis-, partiendo del marco de garantías, derechos y principios de un derecho penal en un modelo de Estado constitucional y convencional de derecho como el peruano, propone el criterio de la determinación objetiva y positiva del hecho. Nuestro criterio dogmático de propuesta tiene una clara y categórica incidencia para delimitar y fundamentar el título de imputación del intraneus en los injustos penales especiales funcionariales de mera conducta o actividad, porque amplía el deber pretípico previsto para éstos, lográndose de esta manera una delimitación y fundamentación del título de imputación con mayor razonabilidad y a partir de un concepto restrictivo de autor, sin apartarse de la base ontológica y respetando la plena vigencia de los principios, inter alia, de legalidad penal, última ratio; y, formación autónoma de conceptos en derecho penal, como auténticas garantías de los derechos fundamentales que limitan el ius puniendi del Estado. En esta tesis se defiende además la conceptualización del dominio del hecho en su moderna acepción, como aquel dominio donde el intraneus determina objetiva y positivamente el hecho previsto en el tipo penal, pero con preponderancia de lo objetivo, distando de esta manera de las propuestas dogmáticas de las clásicas concepciones del dominio del hecho del finalismo y funcionalismo.
Fundamentos que justifican regular el control judicial formal oficioso de la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Rivera Villanueva , José Luis; Brousset Salas, Ricardo Alberto
La presente investigación tiene el objetivo de identificar los fundamentos que justifican regular el control judicial de oficio de la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria en el ordenamiento jurídico penal. Asimismo, plantea que los principios de proscripción de la arbitrariedad, economía procesal y el derecho de defensa, y garantizar la eficacia del proceso son los fundamentos que justifican regular el control judicial de oficio de la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria en el ordenamiento jurídico penal. La metodología utilizada durante la investigación será la aplicada, con el enfoque cualitativo, el diseño persigue la línea de la teoría fundamentada, el nivel de carácter explicativo y el tipo básico.
El reconocimiento constitucional del derecho de acceso a internet en la constitución política de 1993
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Botto Cayo, Luis Fernando; Carruitero Lecca, Francisco Rogger
El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los abogados que ejercen en Lima Metropolitana en relación con la Ley 31878, que reforma la Constitución Política de 1993 para reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental, y su impacto en los derechos al trabajo y a la educación. Justificado en el contexto de la creciente importancia del Internet como herramienta para el ejercicio de derechos fundamentales, el estudio empleó un diseño no experimental de enfoque mixto, con una metodología descriptiva y explicativa. La población estuvo conformada por 47,800 abogados, de los cuales se seleccionó una muestra de 380 mediante muestreo intencionado. Los resultados revelan una percepción mayoritariamente positiva sobre la Ley 31878 y su capacidad para reducir desigualdades, mejorar el acceso a la educación y fortalecer las oportunidades laborales. Sin embargo, se observan discrepancias en la valoración de la efectividad práctica de la reforma, especialmente en la implementación de derechos a través del Internet. Las conclusiones destacan la relevancia de la Ley 31878 como un avance significativo en el constitucionalismo peruano, subrayando la necesidad de políticas públicas inclusivas para garantizar su impacto efectivo en los derechos fundamentales.

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