Maestría Facultad de Derecho y Ciencia Política

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El proceso de amparo como mecanismo de tutela de los derechos procesales
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011) Estela Huamán, José Alberto
La presente investigación titulada: “el proceso de amparo como mecanismo de tutela de derechos procesales”, desarrolla el amparo contra las resoluciones judiciales que afectan la tutela procesal efectiva, que se encuentra regulada en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional que permite que cualquier persona que considere vulnerado sus derechos procesales, consagrados en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, recurra al proceso de amparo, con el propósito de que declare su nulidad. Es así como tratamos la pertinencia del Código Procesal Constitucional, al amparo como proceso constitucional y a la amparización como situación que genera el problema de la excesiva improcedencia de demandas de amparo que en su mayoría son desestimadas. Por ello, consideramos las referencias históricas de los derechos procesales que la encontramos a partir de las Constituciones del Siglo XIX. Así tenemos las Constituciones de: 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933, 1979 y 1993. Debe indicarse que el artículo 5 de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, Ley Nº 23506 daba la posibilidad de interponer demandas de amparo contra resoluciones judiciales, cuando éstas contenían alguna vulneración a los derechos fundamentales, situación que se encuentra prescrito en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional vigente.Se analiza el proceso de amparo a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional y en especial los criterios asumidos por dicho Tribunal en los procesos de amparo contra las resoluciones judiciales, amparo contra medidas cautelares, amparo contra las resoluciones judiciales por vulneración de derechos sustantivos y amparo contra amparo.
Aplicación restrictiva de la ejecución provisional de sentencias: un enfoque garantista para la presunción de inocencia
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Ochoa Navarro, Alejandra Isabel Fernanda; Palomino Manchego, José Félix
Con el objetivo de analizar la problemática de la violación de la presunción de inocencia en la ejecución provisional de sentencias en el Perú, a fin de proponer reformas normativas que fortalezcan su efectiva garantía y contribuyan a un sistema penal más justo y respetuoso de los derechos humanos, se realizó una investigación de naturaleza dogmática-jurídica y propositiva. Con diseño no experimental y enfoque cualitativo, tomándose como muestra 05 sentencias condenatorias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Perú, y entrevistando a 09 especialistas en materia penal. Para ello, se empleó tanto el fichaje doctrinario como el jurisprudencial, se realizó un análisis documental y se aplicaron los métodos inductivo, descriptivo y analítico. En base a la información recopilada, se concluyó que quedó demostrada la violación de la presunción de inocencia durante la ejecución provisional de sentencias en Perú, al exhibirse la disparidad entre la teoría y la práctica, pues, aunque la presunción de inocencia es ampliamente reconocida doctrinaria, legal y jurisprudencialmente, su aplicación efectiva se ve vulnerada con la ejecución provisional de sentencia condenatoria en el proceso penal, porque la ejecución provisional es aplicada como regla general, lo cual disminuye la protección de la presunción de inocencia.
La falta de determinantes normativos sobre simulación absoluta, y su afectación a los procesos de nulidad de acto jurídico, en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el año 2020
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Sanchez Ramos, Beatriz Yolanda; Ninamancco Cordova, Jhushein Fort
La investigación analiza la falta de determinantes normativos sobre la simulación absoluta y su afectación en los procesos de nulidad de acto jurídico tramitados en los juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima durante el año 2020. El estudio se estructura en cuatro capítulos e incorpora antecedentes bibliográficos vinculados a la problemática, así como el desarrollo del marco histórico, doctrinario y normativo correspondiente. El objetivo general consiste en determinar de qué manera la ausencia de criterios normativos claros respecto a la simulación absoluta incide en la tramitación y resolución de los procesos de nulidad de acto jurídico. La investigación adopta un enfoque cuantitativo y emplea métodos documentales, observacionales y estadísticos, sustentando el análisis en la formulación de hipótesis generales y específicas, la operacionalización de variables y la aplicación de instrumentos para el procesamiento de la información. Los resultados obtenidos permiten establecer conclusiones y formular recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica y la coherencia en la administración de justicia civil.
Criterios de solución de los conflictos de titularidades en el mejor derecho de propiedad en el caso de duplicidad de partidas registrales en el Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Rimascca Huarancca, Angel; Huerta Ayala, Oscar Alberto
La investigación tiene como finalidad determinar los criterios objetivos para resolver los conflictos de titularidad derivados del mejor derecho de propiedad en los casos de duplicidad de partidas registrales en el Perú, problemática agravada por la ausencia de criterios uniformes en los órganos jurisdiccionales y por la falta de una regulación normativa específica. Para ello, se desarrolla un marco teórico que aborda la propiedad y el registro público, los modos de adquisición y transferencia de la propiedad inmueble en el Perú y en otros ordenamientos jurídicos, el mejor derecho de propiedad, el predio desde la perspectiva registral, la duplicidad de partidas, sus causas, efectos y el procedimiento de cierre registral correspondiente. Asimismo, se examina el tratamiento normativo y jurisprudencial de la duplicidad de partidas, incluyendo el análisis de 35 procesos civiles con sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de la República del Perú entre los años 2011 y 2024, así como una revisión comparada del sistema registral español y de la doctrina jurídica de dicho país. El análisis evidencia la coexistencia de dos enfoques claramente diferenciados para resolver estos conflictos: la aplicación del derecho civil puro y la aplicación de los principios del derecho registral, identificándose ocho criterios provenientes de la óptica registral y siete desde la óptica civil. Finalmente, el estudio propone como solución la aplicación exclusiva del derecho civil puro, excluyendo los principios registrales, y plantea cuatro criterios jerarquizados bajo dicha perspectiva para resolver la colisión de derechos entre titulares registrales de partidas duplicadas, desarrollando además las consecuencias, beneficios, conclusiones y recomendaciones derivadas de la propuesta normativa.
Imputación objetiva en el delito de violencia contra la mujer, en el distrito fiscal de Junín – sede Jauja del año 2023
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Veliz de Villa Callupe, Flor; Centeno Buendia, Héctor Manuel
Esta investigación aborda los problemas identificados por la autora en relación con la incorrecta interpretación del artículo 122-B del Código Penal de 1991 y sus modificaciones, respecto a la tipificación del delito de violencia contra la mujer. Se detecta una deficiencia en la imputación objetiva de este delito contra mujeres. Los errores mencionados están relacionados con la contradicción entre la determinación de la autoría en el artículo 122-B, que no excluye a las mujeres como agresoras, y el objetivo de la Ley 30364, enfocada en erradicar la violencia contra la mujer. Además, se señala la falta de una clara distinción conceptual entre las afectaciones psicológicas, conductuales y cognitivas, lo que dificulta una interpretación adecuada. También se observa imprecisión en cuanto a la procedencia del delito y la ausencia de normativas que clarifiquen el criterio legislativo, especialmente respecto a las lesiones leves derivadas de violencia familiar, que requieren menos de diez días de atención. Asimismo, se critica la falta de análisis sobre la protección del bien jurídico en casos de violencia entre mujeres. Estas deficiencias contribuyen a una imputación incorrecta, lo que impide una adecuada tipificación y afecta la continuidad del debido proceso. El propósito de esta investigación es proponer criterios que solucionen los problemas identificados, garantizando que las conductas del agresor y de la víctima que infringen las normas de protección a la mujer no queden impunes, sino que sean correctamente imputadas y sancionadas. Finalmente, se concluye que la redacción del artículo 122-B del Código Penal de 1991 y sus modificaciones presenta problemas de interpretación que deben ser corregidos para asegurar la protección efectiva de los derechos de la mujer.
La aplicación del proceso inmediato para delitos graves y su relación con el derecho de defensa, en el ordenamiento jurídico penal peruano, en el distrito fiscal de Lima Sur durante los años 2017 al 2023
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Tello Rosales, Octaviano Omar; Brousset Salas, Ricardo Alberto
La presente investigación tuvo como objetivo analizar los casos en los que la aplicación del proceso inmediato en delitos graves contraviene el derecho de defensa del imputado en el ordenamiento jurídico penal peruano, específicamente en el Distrito Fiscal de Lima Sur durante el periodo 2017–2023. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando herramientas cualitativas como el análisis documental y entrevistas, y cuantitativas mediante el análisis de cuadros estadísticos; presentó un nivel explicativo, con diseño no probabilístico y método hipotético-deductivo. Para la recolección de información se emplearon técnicas de encuesta, análisis documental y entrevista, complementadas con el estudio del marco teórico del proceso inmediato, su naturaleza jurídica, la casuística relevante y la legislación comparada. Se concluye que la aplicación del proceso inmediato para el juzgamiento de delitos graves vulnera de manera significativa el derecho de defensa del denunciado, evidenciando incompatibilidades entre este procedimiento especial y las garantías fundamentales del debido proceso penal.
La necesidad de justicia administrativa en el debido proceso administrativo disciplinario en el marco de la Ley de Servicio Civil – Ley 30057
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Caccha Crisóstomo, Fernando; Jiménez Silva, Carlos Humberto
La investigación titulada “La necesidad de justicia administrativa en el debido proceso administrativo disciplinario en el marco de la Ley de Servicio Civil – Ley N.° 30057” tiene como objetivo principal analizar si los procedimientos administrativos disciplinarios desarrollados bajo el marco de la mencionada ley garantizan efectivamente el derecho al debido proceso. Para ello, se emplearon métodos y técnicas propias de la investigación cualitativa. En el desarrollo del estudio se utilizaron técnicas e instrumentos característicos de este enfoque, estableciendo en una primera fase un nivel descriptivo y posteriormente uno explicativo. Inicialmente, se aplicaron procedimientos de investigación básica, para luego formular propuestas orientadas a la solución de los problemas prácticos detectados, configurando así un estudio de tipo aplicado. El diseño fue no experimental y de carácter ex post facto, empleándose como técnicas la entrevista, el análisis de fuentes documentales y la revisión de jurisprudencia. El análisis de la información obtenida permitió concluir que los procedimientos administrativos disciplinarios regulados por la Ley de Servicio Civil – Ley N.° 30057 no garantizan plenamente el derecho al debido proceso. Esto se debe a que carecen de un enfoque orientado a una verdadera justicia administrativa, afectan derechos de los funcionarios o servidores, eximen de responsabilidad a los secretarios técnicos y no contemplan una adecuada distinción en los supuestos de prescripción de la responsabilidad, especialmente en casos de remoción o cambio de lugar de trabajo del involucrado.
La irrenunciabilidad del mandato del parlamentario y la vulneración del derecho a la igualdad en el Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Villavicencio Espinoza, Jorge Armando Gonzalo; Carruitero Lecca, Francisco Rogger
El estudio tuvo como objetivo examinar las opiniones sobre la irrenunciabilidad del mandato congresal y su relación con el derecho a la igualdad reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993. La investigación se desarrolló bajo un enfoque sociojurídico de naturaleza aplicada, con una metodología mixta que integró enfoques cuantitativos y cualitativos, un nivel descriptivo-aplicativo y un diseño no experimental de corte transversal. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de encuestas validadas y confiables, dirigidas a una población conformada por abogados especializados en Derecho Constitucional que laboran en la Corte Suprema de Justicia de Lima, seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Los resultados evidenciaron una percepción significativa respecto a la irrenunciabilidad del mandato congresal y su vinculación con el derecho a la igualdad, confirmándose la hipótesis planteada y demostrando una asociación relevante entre ambas variables desde una perspectiva constitucional y democrática.
Naturaleza del régimen jurídico de la función pública en el Perú en el marco del Capítulo IV de la Constitución Política de 1993 y de la Carta Iberoamericana de la Función Pública
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Venero Aucca, Guyen; Palomino Manchego, José Félix
La presente investigación tuvo como objetivo identificar la naturaleza del régimen jurídico de la función pública en el Perú en el marco del Capítulo IV de la Constitución Política de 1993 y de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, considerando la coexistencia de tres regímenes laborales generales vigentes y la postergación indefinida de la implementación del nuevo régimen establecido por la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil; la metodología se desarrolló bajo un enfoque dogmático, a partir de una revisión exhaustiva de las disposiciones normativas relativas al servicio civil y de su coherencia con el marco constitucional y con la Carta Iberoamericana, teniendo en cuenta el contexto de insatisfacción ciudadana respecto al desempeño de las instituciones públicas; como resultado, se evidenció la necesidad de replantear el enfoque de la gestión de los recursos humanos en el sector público, partiendo de la definición del modelo de Estado que se aspira construir, en concordancia con las políticas públicas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la luz de la Constitución y de las Cartas Iberoamericanas.
Contención del crimen organizado en el marco del proceso penal acusatorio garantista: Valor probatorio de las operaciones de inteligencia
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) De la Cruz Marticorena, Erick Eloy; Martinez Huaman, Raul Ernesto
El crimen organizado representa una amenaza real para los Estados. Debido al afianzamiento e interconexión entre distintas empresas, industrias y organizaciones criminales. Así también, preocupa su infiltración en el poder político, funcionarial y económico, para generar escenarios de impunidad. Enfrentarse a este fenómeno delictivo demanda, además de las técnicas tradicionales de investigación, el empleo de técnicas especiales de investigación (TEI). Sin embargo, se constató que existe una gran confusión en los operadores de justicia, al momento de emplear y valorar las TEI. Es usual en nuestro medio referirse indistintamente a las TEI y las actividades de Inteligencia, como si se tratara de lo mismo, o como si la segunda estaría comprendida dentro de la primera. Esta forma de entender la Inteligencia, pierde de vista su real importancia y utilidad. La Inteligencia prexiste al derecho mismo, se ha institucionalizado, sistematizado y viene sofisticándose permanentemente, a la par de la tecnología. El presente estudio se centró en determinar el valor probatorio de la información de inteligencia enmarcado en el proceso penal acusatorio y garantista. Para lo cual se siguió el tipo de investigación dogmático normativa y doctrinaria. Los datos fueron recogidos empleando la técnica de análisis documental. En la parte central del trabajo se diferenció entre TEI y acciones de Inteligencias, se identificó los mecanismos para incorporar la Inteligencia al proceso penal y se demostró que el empleo de la misma no vulnera derechos fundamentales. Finalmente se concluyó que la incorporación de la Inteligencia al proceso penal, garantiza una relación armoniosa entre la eficacia penal y el respeto de las garantías procesales.
Saneamiento físico legal, por transferencia de inmuebles de propiedad del Estado que vienen administrando y/u operando las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, de accionariado estatal y municipal
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Mata Huerta, Miguel Edwin; Huerta Ayala, Oscar Alberto
La investigación se centra en examinar el marco legal que rige los procedimientos relacionados con el saneamiento físico y legal de los inmuebles gestionados o utilizados por las EPS, con el objetivo de apoyar el cumplimiento de su propósito social. Además, se analiza cómo este proceso influye en el saneamiento financiero de los EPS, así como en la ejecución de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento. Asimismo, se destaca la relevancia de mejorar dicho marco normativo para que estas empresas alcancen una gestión autónoma, basada en el saneamiento físico, legal y financiero mencionado anteriormente. En este contexto, la Exposición de Motivos del DS N° 008-2020-VIVIENDA, que introduce modificaciones al reglamento del DL N° 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento (Ley del Servicio Universal), destaca que uno de los principales objetivos de la política pública en el sector saneamiento es lograr la autonomía empresarial. Para ello, resulta fundamental la valorización de los activos de las empresas, incluyendo los inmuebles, así como su incorporación en el capital social correspondiente. Para tales efectos, el saneamiento físico legal de los inmuebles que la empresa prestadora administra y/o gestiona para el cumplimiento de su objeto social es fundamental; sin embargo, se ha observado que dichas empresas enfrentan retos; ya que, en muchas ocasiones, dichos inmuebles aún se encuentran en titularidad de otras entidades públicas, situación que impide la gestión eficiente de su patrimonio y la actualización de su capital social. Dicho ello, resulta oportuno indicar que uno de los aspectos esenciales de la Política Nacional de Saneamiento, ratificado por el DS Nº 007-2017- VIVIENDA, emitido el 11 de marzo de 2017, es la sostenibilidad financiera, la cual, conforme hemos indicado en los párrafos precedentes, no sería viable sin el saneamiento físico legal antes mencionado. En este contexto, se identificarán las oportunidades de mejora detectadas a partir del análisis de los siguientes marcos normativos: la Ley del Servicio Universal, su reglamento aprobado mediante el DS Nº 009-2024-VIVIENDA, y la Directiva Nº 001-2021/SBN, que define las normas para la transferencia de bienes del Estado conforme al DL N° 1192, confirmadas mediante la Resolución N° 060-2021/SBN. Sobre este aspecto, el DL N° 1192, que regula la Ley Marco para la adquisición, expropiación y transferencia de inmuebles de propiedad estatal, establece que estas transferencias se llevan a cabo entre las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Esto se aplica a los bienes estatales que sean fundamentales para la realización de proyectos de infraestructura, los cuales deben contar con una declaración de necesidad pública o interés nacional, entre otros criterios. Además, establece que la transferencia puede llevarse a cabo en propiedad o a través de otro derecho real, siempre de manera gratuita, en favor de la entidad pública que lo requiera. La autorización para esta transferencia se otorga mediante una resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Dicho ello, el presente estudio prevé analizar las mejorar para que dicho mecanismo de transferencia, pueda ser utilizada de manera más eficiente por las EPS.
Responsabilidad penal restringida y determinación de la pena: justificación para su inaplicación en el delito de robo agravado
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Ramirez Tipacti, Luis Alberto; Riega Virú, Yasmina Beatriz
La presente Tesis tiene por objetivo demostrar que el supuesto de inaplicación de la responsabilidad penal restringida para la determinación de la pena en personas de dieciocho a veintiún años de edad que cometen el delito de robo agravado, carece de justificación técnica y teórica. Puesto que en la práctica, diversos órganos jurisdiccionales vienen inaplicado la restricción contemplada en el segundo párrafo del Art. 22 del Código Penal al amparo de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República. La misma que ha indicado que la esencia de dicho beneficio premial para la determinación de la pena está basada en la edad del autor y no en la gravedad del delito.
El contenido constitucional del Principio de Legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador, desde la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Ortiz Torres, Aldo Manuel; Alarcón Requejo, Gilmer
La investigación se centrará especialmente en los contenidos más controvertidos del Principio de Legalidad: el Principio de Tipicidad y la Reserva de Ley, que han derivado en una compleja interrelación en cuanto a su aplicación en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, y respecto de los cuales se han emitido pronunciamientos disímiles por parte de las máximas autoridades jurisdiccionales. Así, a lo largo del tiempo han ido ensayándose más de una interpretación, en aras de alcanzar la armonía entre los fines del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración y los derechos del ciudadano frente alpoder punitivo del Estado. En ese sentido, nuestro objetivo inicial será definir los alcances del Principio de Legalidad, en cuanto a sus contenidos de Reserva de Ley y Principio de Tipicidad, a partir de lo señalado en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú (en adelante, TC), teniendo en cuenta el marco de los distintos procesos de control concentrado de constitucionalidad de las leyes, en las que la interpretación del alcance de dichos principios constituye la ratio decidendi. Con ello, analizaremos si los alcances que se que el TC ha establecido para el Principio de Legalidad, son efectivamente aplicados por los operadores jurídicos, y que consecuencias podrían derivarse de una aplicación estricta e inmediata de tal principio al juzgar la constitucionalidad de las normas sancionadoras vigentes.
La interpretación adjetiva del deber de idoneidad en el Derecho Procesal de Consumo en el Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Damián Medina, Omar Alfredo; Bermúdez Tapia, Manuel Alexis
Nuestro modelo de economía social de mercado, alberga diversos principios constitucionales de orden patrimonial en la Constitución Política del Perú (a futuro, la/nuestra Constitución), entre los que destacan la tutela y salvaguarda de los intereses de los consumidores y motivó que se creara un sistema normativo y jurisprudencial que se desarrolla a partir de la Ley Nro. 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (para todo efecto práctico, en lo sucesivo, el Código, nuestro Código o norma objeto de estudio). Esta norma, estipula los contenidos que articulan, desarrollan, enmarcan y fundamentan la práctica jurisprudencial e institucional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (a futuro, el Indecopi) en materia de consumo a nivel nacional. Sin embargo, en las últimas tres décadas, la práctica jurisprudencial a nivel administrativo que desarrolla el Indecopi, deja entrever que el avance jurídico de nuestro sistema actual, ha evidenciado diversas limitaciones debido a la situación que actualmente enfrenta el “Deber de Idoneidad” (en adelante, también podrá ser simplificado como el DI), a partir de sus cada vez más contradictorias resoluciones. Aunado a ello, se suma que nuestro actual modelo económico y social, se orienta hacia un corte cada vez más intervencionista y sobreproteccionista, apartándose de las bases de un esquema liberal, que se caracteriza por la competitividad y el desarrollo del mercado de forma autónoma, lo cual, ha incidido directamente en la práctica jurisprudencial de los últimos años, evidenciando un notorio cambio de paradigmas. De ese modo, uno de los principales elementos que destacan en este cambio de paradigmas en el ámbito constitucional-económico y que se halla en la relación “consumidor-mercado-proveedor” es el “Deber de idoneidad”, el cual será nuestro objeto de estudio en la presente investigación. En ese orden de ideas, con evidente literalidad jurídica y reiterada tradición académica ciegamente ortodoxa, en el artículo 18° nuestra norma objeto de estudio, se encuentra contemplado el “DI”, el cual es definido como la correspondencia entre lo que el consumidor –quien finalmente legitima este sistema normativo– espera recibir frente a lo que efectivamente recibe, a partir de la expectativa generada por aquella información que oportunamente trasladó el proveedor, mediante la publicidad, condiciones y circunstancias de la transacción, así como otros factores propios del bien. Sin embargo, se ha dejado de lado que el “Deber de Idoneidad” abarca aspectos mucho más amplios que trascienden a una interpretación tan variable e impredecible como la que actualmente realiza el Indecopi. Consecuentemente, siguiendo las pautas metodológicas que estipula nuestra universidad, se analizará dos elementos puntuales del “Deber de Idoneidad”: El contenido sustantivo que define su naturaleza jurídica y el contenido adjetivo que desarrolla su perspectiva y práctica jurisdiccional. Temáticamente, la organización y ejecución de la presente tesis analizará, en primer término, la esfera de tutela al consumidor, para evaluar los intereses y el ámbito de proyección del consumidor en el mercado, respecto de los bienes que pretende adquirir o disfrutar directamente para él o para su entorno social. Con ello, nuestra investigación abrirá paso al estudio del “Deber de Idoneidad”, la cual corresponde a una condición que se complementa, en la misma dimensión y proyección al resto de obligaciones que debe cumplir todo proveedor, para efectuar una relación justa y transparente, tendiente a reducir las brechas que existen con motivo de la asimetría con los consumidores. Sobre este punto, el análisis de los aspectos procesales y jurisprudenciales en el plano administrativo, permitirán evaluar las acciones que tiene todo consumidor ante el esquema de tutela que propicia el Indecopi, el mismo que, más allá de tutelar los derechos de una persona afectada, debe garantizar la condición saludable y competitiva de todo el mercado. En mérito de lo expuesto, la presente investigación nos permitirá fundamentar la importancia de la autonomía y desarrollo del derecho procesal de consumo, tomando en cuenta que se analizarán los aspectos técnicos y procesales que marca la tutela de los consumidores ante el Indecopi, así como la evaluación del contexto argumentativo que se desprende de esta especialidad. Finalmente, la imperiosa necesidad de realizar una reinterpretación del “DI”, distinta a la que realiza la autoridad administrativa de consumo, a todo nivel, obedece a diversas razones de corte jurídico y económico, las cuales, expondremos en el desarrollo de nuestra investigación.
El principio de legalidad en la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos por Sendero Luminoso
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Agramonte Ramos, Rolando; Centeno Buendia, Héctor Manuel
En el Perú no existe ninguna condena por crímenes de lesa humanidad (en adelante CLH), pese a que estos se han cometido, se cometen y se seguirán cometiendo mientras las normas del derecho penal internacional (en adelante DPI) no disuadan a sus potenciales perpetradores, que son, indistintamente, las fuerzas de un Estado o de una “organización análoga” como lo fue y es todavía Sendero Luminoso. Ambas fuerzas cometieron CLH durante el conflicto armado interno (1980-2000), por lo que deben enfrentar, por igual, los rigores de la justicia penal internacional, sin limitarse este solo a las fuerzas estatales. Existe la posibilidad legal, vía interpretación histórica, sistemática y teleológica de las leyes penales, nacionales e internacionales, para considerar a los militantes del Sendero Luminoso como sujetos de imputación de CLH por los execrables hechos cometidos por estos durante las dos últimas décadas del siglo anterior y aún en el presente. Así como la viabilidad, con absoluto respeto de todas las garantías, de aplicar directamente el DPI, más precisamente Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 (en adelante ECPI), en nuestro derecho interno, para hechos posteriores a su vigencia, claro, pero también para hechos anteriores, en virtud de la retroactividad in bonam partem, sin necesidad de ninguna norma interna de desarrollo y sin trastocar el principio de legalidad.
Incompatibilidad de la prueba oficio con el principio de imparcialidad judicial en el código procesal penal
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Castillo Añazco, Lady Diana; Brousset Salas, Ricardo Alberto
Establece si la actuación de la prueba de oficio resulta incompatible con el principio constitucional de imparcialidad judicial regulada en el Código Procesal Penal. Se parte de la premisa que la imparcialidad de los jueces es un principio reconocido constitucionalmente dentro de un Estado de derecho, el cual implica dos aspectos. Por un lado, la independencia que debe tener el tribunal con relación a todo tipo de influencia o presión ya sea esta política o social; y, por otro lado, la relación semejante del juzgador para con las partes, lo que significa que no debe estar comprometido con ninguno de los intereses de las partes en conflicto. Sin embargo, cabe señalar que el actual proceso penal regula la denominada “actuación probatoria oficiosa”, trayendo como consecuencia el cuestionamiento de muchos juristas quienes consideran si dicha actuación estuviese afectando el principio constitucional de imparcialidad judicial. Al respecto, se parte del hecho de que, en un proceso penal, uno de los fines es acercarse a la verdad de los hechos que son materia de debate y respecto a los cuales el juez va a emitir pronunciamiento. Es así como, la denominada prueba de oficio es una actuación que el juzgador debe de realizar de manera excepcional y cuando sea estrictamente necesaria, solo una vez culminada la recepción y el debate de las pruebas, siempre y cuando dicha actuación probatoria de oficio resultase indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad, cuidando de no reemplazar por este medio la actuación de las partes. Es en este último punto referido a “no reemplazar o sustituir a las partes” es donde reside el peligro de dañar la imparcialidad judicial. El objeto de esta investigación reside en la incompatibilidad de la prueba de oficio con el principio de imparcialidad judicial en el Código Procesal Penal. Se observó el Sistema Anticorrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima, tomando en consideración las diversas posturas de operadores de este Sistema, como son jueces, fiscales del distrito fiscal de Lima Centro y abogados. Se trabajó mediante una investigación de carácter analítico, que fundamentalmente consiste en establecer la relación entre las variables que son parte de esta tesis.
La participación de las fuerzas armadas en las contrataciones públicas a raíz de la atención de desastres naturales en zonas alto andinas y de penetración de selva
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Zevallos Ocampo, Glenn Roller; Bermúdez Tapia, Manuel Alexis
La atención de las necesidades de las poblaciones ubicadas en zonas alto andinas y de penetración de la selva es una condición negativa en el país y ante situaciones de desastres naturales las Fuerzas Armadas son las únicas entidades que brindan atención y colaboración ante estos problemas. La legislación en materia civil y contractual administrativa no ha tomado en cuenta las condiciones negativas que limitan la ejecución de obras de atención en épocas de emergencia y ante ello se plantea una investigación que pueda atender este problema demostrándose la viabilidad de estas acciones que actualmente ya se ejecutan, pero a un nivel gratuito con detrimento del presupuesto de las Fuerzas Armadas a pesar de que las entidades de la administración pública tienen presupuesto destinado para estas actividades.
El delito de extorsión y el derecho de protesta en el estado peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Pariona Paucar, Jose Christian; Centeno Buendia, Héctor Manuel
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la manera en que el acto de protesta social se contempla como un tipo derivado como agravante específica del tipo base del delito de extorsión artículo 200 del CP. De allí que la pregunta general de investigación fue: ¿El acto de protesta social debe contemplarse como un tipo derivado como agravante específica del tipo base del delito de extorsión artículo 200 del CP? Nuestra investigación adopta un enfoque cualitativo con un método general de hermenéutica. Se trata de una investigación básica o fundamental, con un nivel explicativo y un diseño observacional. Por ello, se empleará la técnica del análisis documental, procesando los datos mediante la argumentación jurídica. Para la recolección de datos, se utilizarán fichas textuales y de resumen de textos relevantes. El resultado más importante fue que: Sobre los elementos externos, el tema de fondo implica las causas sociales, políticas o económicas que generaron el objetivo de la acción, que puede ser un escenario económico de recesión o un escenario de corrupción. La conclusión más relevante fue que existe una evidente incongruencia entre el derecho de protesta y el delito de extorsión, en referencia a la existencia del acto de protesta como agravante específica del delito de extorsión; la recomendación fue generar una línea jurisprudencial que se convierta en el epítome de la reflexión sobre la inconsistencia de la proscripción de los actos de protesta dentro del delito de extorsión.
Fundamentación axiológica de los derechos humanos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Cueto Chumán, Pedro Gustavo Alberto; Ñique de la Puente, José Antonio
La presente tesis explora la axiología de los derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria combinando los campos de la filosofía moral, el derecho internacional y la sociología. La axiología se refiere al estudio de los valores y principios subyacentes que sustentan y justifican los derechos humanos en diferentes contextos culturales y legales. El objetivo fundamental de esta investigación es analizar cómo la axiología tiene un impacto en la comprensión, interpretación y aplicación de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. El estudio se basa en un enfoque comparativo que abarca tanto la legislación nacional de Perú como los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país. A través del análisis se examinan las divergencias y convergencias en la interpretación axiológica de estos derechos. Además, se indaga en cómo factores históricos, culturales y sociales influyen en la percepción de los valores subyacentes en los derechos humanos El marco teórico de la tesis abarca diversas corrientes filosóficas y teorías de derechos humanos, entre los que podemos mencionar el utilitarismo, el contractualismo y el enfoque de los derechos naturales. Estas perspectivas son contrastadas con los desarrollos normativos y jurisprudenciales en el contexto peruano y ámbito de los tratados y convenciones internacionales. El análisis revela tanto convergencias en la importancia otorgada a la dignidad humana y la igualdad, como diferencias en la jerarquía de valores en juego en diferentes contextos. En última instancia, esta tesis contribuye a una comprensión más profunda de cómo la axiología de los derechos humanos influye en la toma de decisiones judiciales, elaboración de políticas públicas y promoción de reformas legales en Perú y en la comunidad internacional. Además, pone de relieve la necesidad de un diálogo constante entre las esferas filosóficas, legales y sociales para garantizar una interpretación coherente y progresiva de los derechos humanos en un mundo cada vez más diverso y globalizado.
Legitimidad e injusto de los delitos de corrupción privada
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Robles Ramos, Rocío; Pariona Arana, Raúl Belealdo
La presente investigación tiene como objetivo fundamentar la legitimidad y analizar los elementos del injusto de los delitos de corrupción privada. La presente tesis resulta correspondiente a la Dogmática-Jurídica y la metodología empleada se encontrará circunscrita al análisis y explicación del fenómeno de la corrupción privada, así como el desarrollo de los tipos penales, además de las reformulaciones críticas planteadas por la autora con la finalidad de que el legislador realice su modificación en el futuro. En efecto se expone el índice de percepción de la corrupción 2022, en una escala del 0 al 100, donde 0 representa el grado más alto de corrupción y 100 un país o territorio limpio, el Perú tiene asignado un puntaje de 36 lo que significa que nos acercamos hacia los países de la región con más prácticas corruptas en los sectores público y privado; asimismo nos posicionamos como país en el puesto 101 de los 180 países y territorios a nivel mundial que percibe más prácticas corruptas al interior de su sociedad.

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