Trabajos de Investigación EP Derecho

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Browsing Trabajos de Investigación EP Derecho by browse.metadata.advisor "Gonzales Campos, Robinson Octavio"

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    Análisis de la prórroga de la investigación preparatoria en un caso de corrupción paradigmático: Casuística de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros imputados
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Baldeón Cardoso, Silvana Esthefany; Gonzales Campos, Robinson Octavio
    Evalúa la razonabilidad de la prórroga de la investigación preparatoria en casos de corrupción, contextualmente en el proceso penal contra Susana María Del Carmen Villarán De La Puente y otros imputados, a la luz del artículo 342, inciso 2, del Código Procesal Penal y la jurisprudencia relacionada. La presente investigación es analítica, en el sentido que busca examinar los criterios judiciales, la razonabilidad y el aporte legal al momento de determinar la ampliación de la investigación preparatoria, y es descriptiva en el sentido que recopila información para, de esta manera, extraer consecuencias legales reiteradas en el tiempo que permitan generar predictibilidad y así obtener conclusiones válidas al momento de plantear solución a los problemas establecidos. En nuestro contexto, la corrupción es tan relevante como controversial. Durante décadas, el país ha luchado con escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, políticos de alto nivel y empresarios influyentes. No resulta novedoso que casi todos los presidentes de la última década estén en prisión o estén inmersos en procesos penales por presuntos actos de corrupción. La corrupción ha traído como consecuencia que la confianza pública en las instituciones gubernamentales disminuya considerablemente, y ha dejado a la población escéptica sobre la posibilidad de obtener justicia de manera imparcial y efectiva. A la actualidad, existe una diversidad de casos “emblemáticos” de corrupción en curso, sin embargo, en el presente trabajo se abordará el caso de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros funcionarios, bajo el Expediente N° 00021- 2019-61-5001-JR-PE-03. En ese contexto, se ha advertido que la prórroga del plazo de la investigación preparatoria, que tendría que ser una herramienta legal para garantizar una investigación exhaustiva y justa, se ha utilizado en este caso para retrasar el curso de la justicia, así como, para vulnerar los derechos que tienen los investigados a que se esclarezca su situación jurídica en un plazo razonable.
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    Análisis de las posibles vulneraciones a las garantías procesales, en el caso de José Pedro Castillo Terrones, en el marco de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública: a propósito del expediente N.° 39-2022-2-5001- JS-PE-01
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Cáceres Quispe, Jessica Anair; Gonzales Campos, Robinson Octavio
    El presente trabajo analiza las posibles vulneraciones a las garantías procesales en el caso de José Pedro Castillo Terrones, ex presidente de la República del Perú, en el marco de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública (Expediente N.° 39-2022-2-5001-JSPE- 01). La problemática se da a raíz del mensaje a la nación televisado que brinda, en ese entonces, el presidente Pedro Castillo, en el que anuncia la disolución temporal del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la convocatoria a elecciones parlamentarias. Dicho mensaje fue considerado un golpe de Estado y un quebrantamiento al orden constitucional, de tal manera que inmediatamente fue vacado por el Congreso bajo el motivo de “permanente incapacidad moral”, detenido policialmente y puesto a investigación por los delitos ya mencionados, con la observación de que no se cumplió el antejuicio político correspondiente. Hasta la fecha, Pedro Castillo ya no está solo procesado, sino condenado en primera instancia a más de 11 años de prisión y continúa recluido en Barbadillo, su defensa intenta impugnar la sentencia, lo que nos deja un debate abierto a lo que sería la interpretación judicial del delito de Rebelión, cuestión que abordamos en el presente trabajo, así como el análisis de la influencia política y mediática que recayó en el caso. Finalmente, se concluye que existió una afectación a las garantías procesales: principio de legalidad penal, derecho al debido proceso, presunción de inocencia y motivación de las resoluciones judiciales. Asimismo, se recomienda el reforzamiento en las medidas restrictivas de los derechos fundamentales y garantías procesales, en base a hechos verificables y que contengan una debida motivación, a fin de evitar interpretaciones extensivas.
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    Análisis del principio de proporcionalidad y su aplicación en la revocatoria de la suspensión de la pena
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Namuche Valdivia, Jeny Elizabeth; Gonzales Campos, Robinson Octavio
    La investigación analizó la aplicación del principio de proporcionalidad en los requerimientos fiscales y las decisiones judiciales relacionadas con la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena, desde un enfoque cualitativo, de naturaleza básica o dogmática, mediante análisis documental de fuentes jurídicas relevantes. Los hallazgos evidenciaron que, en diversos casos, los requerimientos fiscales carecen de una motivación suficiente, especialmente respecto al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, observándose una práctica recurrente del Ministerio Público de solicitar la revocatoria como respuesta casi automática ante presuntos incumplimientos de las reglas de conducta. En contraste, los órganos jurisdiccionales, principalmente en segunda instancia, tienden a aplicar medidas menos gravosas, como la amonestación o la prórroga del periodo de prueba, en concordancia con los criterios establecidos en la Casación N.° 1945-2018 Ventanilla, que reconoce la revocatoria como una medida excepcional sujeta a un test riguroso de idoneidad, necesidad y ponderación. Se concluye que la suspensión de la ejecución de la pena, como expresión del principio de resocialización, debe ser protegida frente a requerimientos carentes de adecuado sustento argumentativo, dado que la insuficiente motivación vulnera la tutela procesal efectiva, afecta el derecho fundamental a la libertad personal y genera una innecesaria sobrecarga procesal, por lo que se recomienda fortalecer la fundamentación fiscal y judicial mediante una aplicación estricta del principio de proporcionalidad como garantía de una correcta administración de justicia.
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    Los juicios orales virtuales y la afectación al derecho de defensa
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023) Alvarado Sanchez, Dania Alisson; Gonzales Campos, Robinson Octavio
    Analiza la implementación de audiencias virtuales y su implicación sobre el derecho a la defensa en el contexto de la justicia durante la pandemia. En el año 2020, la expansión global del COVID-19 cambió radicalmente la vida cotidiana a nivel mundial. La enfermedad, inicialmente identificada en China, fue pronto catalogada como una pandemia por la OMS. En Perú, el Estado de Emergencia Nacional fue declarado por el entonces presidente Vizcarra, imponiendo una cuarentena obligatoria. Esta situación llevó a ajustes significativos en todos los sectores, incluido el sistema judicial. El Poder Judicial emitió el “Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria“ (Resolución Administrativa N.º 173-2020-CE-PJ) para salvaguardar la integridad y la salud de su personal y los involucrados en los procesos legales. La implementación de audiencias virtuales ha permitido la continuidad de los procedimientos judiciales, asegurando el respeto a las garantías procesales. Sin embargo, surge la preocupación sobre si este enfoque puede afectar el derecho a la defensa. Un informe actual aborda esta problemática, tomando como caso de estudio el expediente 19151-2004-0, donde las audiencias se llevaron a cabo de manera virtual debido al COVID-19. A pesar de las circunstancias excepcionales, este caso resultó en una sentencia condenatoria, confirmada por la Corte Suprema a través del Recurso de Nulidad N.º 883-2020 en marzo de 2022.