Análisis de la prórroga de la investigación preparatoria en un caso de corrupción paradigmático: Casuística de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros imputados

Abstract

Evalúa la razonabilidad de la prórroga de la investigación preparatoria en casos de corrupción, contextualmente en el proceso penal contra Susana María Del Carmen Villarán De La Puente y otros imputados, a la luz del artículo 342, inciso 2, del Código Procesal Penal y la jurisprudencia relacionada. La presente investigación es analítica, en el sentido que busca examinar los criterios judiciales, la razonabilidad y el aporte legal al momento de determinar la ampliación de la investigación preparatoria, y es descriptiva en el sentido que recopila información para, de esta manera, extraer consecuencias legales reiteradas en el tiempo que permitan generar predictibilidad y así obtener conclusiones válidas al momento de plantear solución a los problemas establecidos. En nuestro contexto, la corrupción es tan relevante como controversial. Durante décadas, el país ha luchado con escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, políticos de alto nivel y empresarios influyentes. No resulta novedoso que casi todos los presidentes de la última década estén en prisión o estén inmersos en procesos penales por presuntos actos de corrupción. La corrupción ha traído como consecuencia que la confianza pública en las instituciones gubernamentales disminuya considerablemente, y ha dejado a la población escéptica sobre la posibilidad de obtener justicia de manera imparcial y efectiva. A la actualidad, existe una diversidad de casos “emblemáticos” de corrupción en curso, sin embargo, en el presente trabajo se abordará el caso de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros funcionarios, bajo el Expediente N° 00021- 2019-61-5001-JR-PE-03. En ese contexto, se ha advertido que la prórroga del plazo de la investigación preparatoria, que tendría que ser una herramienta legal para garantizar una investigación exhaustiva y justa, se ha utilizado en este caso para retrasar el curso de la justicia, así como, para vulnerar los derechos que tienen los investigados a que se esclarezca su situación jurídica en un plazo razonable.