Análisis del criterio sancionatorio administrativo aplicado a pescadores artesanales en el proceso de formalización bajo las medidas obligatorias del Estado durante la pandemia de COVID-19

Abstract

Este informe analiza críticamente la aplicación del régimen sancionador administrativo en el marco del proceso de formalización pesquera artesanal durante la pandemia de COVID-19, tomando como caso de estudio el Procedimiento Administrativo Sancionador N.º 107-2022-PRODUCE, impuesto a un armador perteneciente a una cooperativa pesquera. El objetivo central es evaluar si las sanciones impuestas por el Ministerio de la Producción (Produce) los principios característicos del derecho administrativo sancionador, como la proporcionalidad, el cumplimiento del debido proceso, la correcta fundamentación del acto administrativo y la evaluación de causales eximentes de responsabilidad, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito, especialmente en el contexto de emergencia sanitaria declarada por el Estado. El análisis demuestra que la administración aplicó las sanciones de manera rígida y descontextualizada, desatendiendo el marco normativo especial vigente durante la pandemia. Se identificó que el administrado fue sancionado por no contar con el sistema de seguimiento satelital (ESS), a pesar de que su instalación era materialmente inviable por causas ajenas a su voluntad —como la inoperatividad de empresas proveedoras habilitadas durante la cuarentena— y que la normativa contemplaba plazos y flexibilidades que no fueron debidamente valoradas. Además, se evidenció una desventaja estructural de los pescadores artesanales en su acceso a la justicia administrativa, ya que carecen de los medios técnicos y legales con los que sí cuentan los actores de la pesca industrial. Esta brecha afecta su derecho de defensa y su comprensión de los procedimientos sancionadores en los que se ven involucrados. El trabajo desarrolla un enfoque crítico que articula el análisis técnico jurídico con un componente social, poniendo en evidencia que la aplicación formalista del derecho en contextos de crisis puede agravar la exclusión en lugar de promover el cumplimiento normativo. Finalmente, se proponen recomendaciones para futuras políticas públicas que incluyan mecanismos excepcionales en situaciones de emergencia, una mayor descentralización operativa de los servicios vinculados a la formalización, fortalecimiento de organizaciones como las cooperativas, y la implementación de alertas normativas y asesoría legal accesible para los pescadores artesanales. Este informe concluye con una reflexión ética y profesional sobre la necesidad de repensar el derecho administrativo desde una perspectiva garantista, donde la ley se aplique con justicia material y no solo desde la letra estricta, reconociendo la realidad social de los sectores más vulnerables del país.