EP Ciencia Política

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Browsing EP Ciencia Política by Subject "Administración pública - Perú"

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    Análisis del proceso de descentralización en materia de trabajo y promoción del empleo en el año 2010
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011) Munive Pariona, Eloy Alberto
    La descentralización en el Perú tiene como objetivo principal el desarrollo integral del país y representa además una oportunidad para mejorar los servicios que se brindan a la población. Como política permanente de obligatorio cumplimiento la descentralización en el Perú ha tenido un desarrollo desigual en distintos momentos, por instantes se ha evidenciado una planificación a largo plazo y en otros períodos la improvisación y el aceleramiento en los métodos caracterizaron el proceso. En un primer momento la descentralización en el Perú se caracterizó por la aprobación de un marco legal inicial, la instalación y elección de los gobiernos regionales como instancias intermedias de gobierno, el inicio del proceso de transferencia de competencias y responsabilidades y el frustrado intento por conformar regiones mediante el referéndum en el 2005. A partir del 2006 se da inicio a una segunda etapa, el CND es reemplazado la Secretaría de Descentralización de la PCM, se procedió a acelerar el proceso de transferencia de competencias y se dio inicio a la etapa de desarrollo de capacidades, todo esto bajo la búsqueda la nueva perspectiva de una Gestión Publica Descentralizada. Ante esta coyuntura, es preciso evaluar las acciones emprendidas con el fin de obtener información para la correcta toma de decisiones, en este caso se escogió al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pues representa uno de los sectores que más ha profundizado en esta materia.
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    Funciona en campaña, funciona en el gobierno estrategias electorales clientelistas y distribución de recursos públicos en Puno y Ayacucho 2010-2014
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014) Salazar Morales, Diego Alonso
    Plantea tres hipótesis que de corroborarse empíricamente, podrían contribuir a la comprensión de los efectos de las relaciones clientelistas en el largo plazo. La primera es que las estrategias electorales clientelistas generan un sistema de competencia por cargos públicos en el gobierno. Debido a que el clientelismo supone la transacción de expectativas y promesas a cambio de apoyo electoral y político inmediato, estas deberían encontrar un correlato material cuando el partido político gana las elecciones. Y dado que en los Gobiernos Regionales, no siempre hay tantos recursos que repartir, ni estos son repartidos equitativamente entre los brókeres que participaron en campaña. La presión que muchos de ellos ejercen ante el Presidente Regional o ante dirigentes partidarios para recibir las prebendas, generan una situación de inestabilidad en el Gobierno Regional. La consecuencia inmediata es que los esfuerzos de los políticos se centren en la repartición de los cargos y bienes públicos, más no en la gestión de los mismos, generando desconfianza en los ciudadanos. Los efectos esta competencia se materializaría en cambios frecuentes en el personal de los Gobiernos Regionales a nivel gerencial y operativo. La segunda hipótesis plantea que los recursos públicos de los Gobiernos Regionales se reparten a través de dos estrategias; (i) patrimonialista, es decir hacia aquellos brókeres y partidarios que colaboraron en campaña electoral, y (ii) pork-barrel, hacia colectivos, asociaciones o comunidades de las cuales se espera recibir apoyo electoral, pero que no necesariamente votaron por el partido político. La tercera hipótesis postula que los brókeres, al ser el centro de la articulación de la política regional, también definen el rumbo de la distribución de los recursos públicos. La transacción de promesas y favores en campaña tiene que ser pagaba cuando el movimiento regional llega al poder. La cadena de repartición de recursos públicos incluiría múltiples bienes materiales e inmateriales del Estado (financieros, institucionales, regulatorios y el monopolio de la violencia) que serían copados por los brókeres en campaña electoral. Dicha situación privatizaría la distribución de los bienes públicos, convirtiéndolas en prebendas privadas pertenecientes a los grupos que colaboraron en campaña electoral.