EP Derecho

Permanent URI for this communityhttps://hdl.handle.net/20.500.12672/5133

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Browsing EP Derecho by Author "Abanto Dextre, Carlos Terushige"

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    La razonabilidad en el procedimiento administrativo sancionador por presunta omisión del certificado ITSE: Análisis del principio de verdad material a partir de la experiencia en la Municipalidad Distrital de Ate
    (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025) Abanto Dextre, Carlos Terushige; Huerta Ayala, Oscar Alberto
    El presente trabajo analiza el procedimiento administrativo sancionador en el ámbito municipal, con especial énfasis en los casos de presunta omisión del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) dentro de la Municipalidad Distrital de Ate, evidenciando los riesgos que surgen cuando la potestad sancionadora se ejerce sobre la base de verificaciones insuficientes. A partir de un caso práctico, se examina cómo la autoridad administrativa inicia procedimientos sancionadores sustentados en actas o registros de fiscalización que no corroboran de manera exhaustiva la inexistencia del certificado, lo que puede dar lugar a imputaciones erróneas y vulnerar los derechos de los administrados. El estudio desarrolla el contenido normativo y doctrinal de los principios de razonabilidad y verdad material, consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.° 27444), destacando su función como límites esenciales al ejercicio del poder sancionador del Estado. Asimismo, se resalta la obligación de la administración pública de actuar de manera objetiva, proporcional y diligente, verificando razonablemente los hechos antes de imponer sanciones o medidas coercitivas. Finalmente, el trabajo recopila resoluciones administrativas y precedentes jurisprudenciales que ilustran la aplicación práctica de dichos principios, demostrando que su observancia contribuye a decisiones más justas, racionales y acordes con la realidad, fortaleciendo el equilibrio entre la función de control municipal y la protección de los derechos fundamentales de los gobernados.