La regulación del delito de insolvencia punible dolosa y su ineficacia frente a la protección del sistema crediticio en el distrito judicial de Trujillo en los años 2019 al 2025

Abstract

La presente investigación se centra en el análisis exhaustivo de la efectividad de la regulación del delito de insolvencia punible dolosa, según lo establecido en el artículo 209 del Código Penal de 1991, en lo que respecta a la protección del sistema crediticio en el ámbito del distrito judicial de Trujillo durante el período que abarca desde 2019 hasta 2025. Con el objetivo de comprender en profundidad esta problemática, se plantean una serie de interrogantes específicos que abordan diferentes aspectos de la normativa penal y su aplicación práctica en el contexto concursal. La hipótesis general que sustenta esta investigación postula que la regulación vigente no ha logrado alcanzar eficazmente su propósito de salvaguardar el sistema crediticio, principalmente debido a vacíos normativos que permiten la impunidad en ciertas conductas fraudulentas y la falta de armonización con la legislación concursal. Para respaldar esta hipótesis, se proponen diversas hipótesis específicas que profundizan en problemas normativos concretos, tales como la falta de precisión en las modalidades del delito, la desconexión entre la normativa penal y la realidad administrativa concursal, y la ausencia de mecanismos adecuados para la denuncia de estos delitos por parte de los agentes afectados en el proceso. En este sentido, se destaca la importancia de considerar la penalización de los actos preparatorios como una posible solución para prevenir y sancionar eficazmente las conductas fraudulentas que afectan al sistema crediticio. Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de fortalecer la protección de los derechos de los acreedores y promover la integridad del sistema económico en su conjunto. Finalmente, se busca proporcionar un análisis profundo y riguroso de la regulación del delito de insolvencia punible en el contexto específico de Trujillo, con el objetivo de identificar las deficiencias existentes y proponer medidas concretas para mejorar la protección del sistema crediticio y promover la justicia en el ámbito económico y jurídico.