Las limitaciones de la liquidación societaria como obstáculo para la aplicación de los órdenes de prelación de créditos en la liquidación extraconcursal de sociedades insolventes

Abstract

El objetivo principal de esta investigación consistió en explicar las limitaciones del procedimiento extintivo establecido en la Ley General de Sociedades (LGS) y de qué manera restringen la aplicación de los órdenes de prelación en el pago de créditos de sociedades insolventes, evaluando además si resulta obligatorio solicitar el inicio del procedimiento concursal ordinario (PCO)[1][2]. El estudio corresponde a una investigación de tipo pura y retrospectiva sustentada en una metodología cualitativa[3][4]. Los instrumentos utilizados comprendieron la revisión documental de expedientes concursales y doctrina especializada, junto con la realización de entrevistas estructuradas a profundidad[3][5]. La muestra estudiada estuvo conformada por doce expertos y profesionales en derecho concursal y societario, entre los que figuraron exvocales del Tribunal del Indecopi, docentes universitarios y liquidadores[3][6]. Dentro de los resultados principales, ocho de los doce entrevistados señalaron que en la liquidación societaria no se aplican órdenes de prelación por falta de un mandato explícito[7][8], once de doce afirmaron que los procesos de ejecución individual emprendidos por los acreedores perjudican la aplicación equitativa de dicha prelación[9][10], nueve de doce consideraron que las normas de la LGS no son idóneas para afrontar la insolvencia[11][12] y ocho de doce opinaron que no debe ser obligatorio acudir al PCO debido a las barreras documentales de acceso y a las excesivas demoras administrativas de la autoridad concursal[13]. Finalmente, la investigación concluyó confirmando que la ausencia de mecanismos de protección patrimonial y de suspensión de exigibilidad de obligaciones en la LGS obstaculiza la prelación de créditos[16][17], validando asimismo que el ordenamiento jurídico vigente no impone la obligación de solicitar el PCO ante la insolvencia, en tanto el artículo 176 de la LGS no se encuentra alineado con la ley concursal actual y la competencia para dicho acogimiento recae en la junta general de accionistas[18][19].