Saneamiento físico legal, por transferencia de inmuebles de propiedad del Estado que vienen administrando y/u operando las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, de accionariado estatal y municipal

Abstract

La investigación se centra en examinar el marco legal que rige los procedimientos relacionados con el saneamiento físico y legal de los inmuebles gestionados o utilizados por las EPS, con el objetivo de apoyar el cumplimiento de su propósito social. Además, se analiza cómo este proceso influye en el saneamiento financiero de los EPS, así como en la ejecución de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento. Asimismo, se destaca la relevancia de mejorar dicho marco normativo para que estas empresas alcancen una gestión autónoma, basada en el saneamiento físico, legal y financiero mencionado anteriormente. En este contexto, la Exposición de Motivos del DS N° 008-2020-VIVIENDA, que introduce modificaciones al reglamento del DL N° 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento (Ley del Servicio Universal), destaca que uno de los principales objetivos de la política pública en el sector saneamiento es lograr la autonomía empresarial. Para ello, resulta fundamental la valorización de los activos de las empresas, incluyendo los inmuebles, así como su incorporación en el capital social correspondiente. Para tales efectos, el saneamiento físico legal de los inmuebles que la empresa prestadora administra y/o gestiona para el cumplimiento de su objeto social es fundamental; sin embargo, se ha observado que dichas empresas enfrentan retos; ya que, en muchas ocasiones, dichos inmuebles aún se encuentran en titularidad de otras entidades públicas, situación que impide la gestión eficiente de su patrimonio y la actualización de su capital social. Dicho ello, resulta oportuno indicar que uno de los aspectos esenciales de la Política Nacional de Saneamiento, ratificado por el DS Nº 007-2017- VIVIENDA, emitido el 11 de marzo de 2017, es la sostenibilidad financiera, la cual, conforme hemos indicado en los párrafos precedentes, no sería viable sin el saneamiento físico legal antes mencionado. En este contexto, se identificarán las oportunidades de mejora detectadas a partir del análisis de los siguientes marcos normativos: la Ley del Servicio Universal, su reglamento aprobado mediante el DS Nº 009-2024-VIVIENDA, y la Directiva Nº 001-2021/SBN, que define las normas para la transferencia de bienes del Estado conforme al DL N° 1192, confirmadas mediante la Resolución N° 060-2021/SBN. Sobre este aspecto, el DL N° 1192, que regula la Ley Marco para la adquisición, expropiación y transferencia de inmuebles de propiedad estatal, establece que estas transferencias se llevan a cabo entre las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Esto se aplica a los bienes estatales que sean fundamentales para la realización de proyectos de infraestructura, los cuales deben contar con una declaración de necesidad pública o interés nacional, entre otros criterios. Además, establece que la transferencia puede llevarse a cabo en propiedad o a través de otro derecho real, siempre de manera gratuita, en favor de la entidad pública que lo requiera. La autorización para esta transferencia se otorga mediante una resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Dicho ello, el presente estudio prevé analizar las mejorar para que dicho mecanismo de transferencia, pueda ser utilizada de manera más eficiente por las EPS.