Limitaciones en la aplicación del principio de iura novit curia en el arbitraje de Contrataciones con el Estado: Análisis del Expediente Arbitral N°4001-294-22 PUCP

Abstract

Este estudio analiza las restricciones en la aplicación del principio iura novit curia en el arbitraje de contratos con el Estado mediante el examen del Expediente Arbitral N. 4001-294-22 PUCP. En primer lugar, contextualizamos el arbitraje en Perú como un mecanismo especializado que busca resolver controversias con relativa celeridad. Sin embargo, existe una tensión entre el otorgamiento de autonomía a las partes y la facultad jurisdiccional obligatoria de los árbitros para invocar normas no alegadas por ellas. El caso surge de un contrato de obra firmado en octubre de 2014 para la construcción del canal de irrigación Huantuc3Chuquis3Huancán. El tribunal arbitral, mediante sus Decisiones N. 5 y 18, invocó disposiciones legales ausentes en los argumentos fundacionales de las partes. Dichas acciones plantearon interrogantes sobre posibles violaciones del principio de congruencia, el derecho a la defensa efectiva y el debido proceso, revelando así una tensión entre el activismo jurisdiccional de los árbitros y el respeto de los límites acordados entre las partes. La investigación adopta un enfoque analítico-descriptivo basado en el examen sistemático de laudos arbitrales, fuentes primarias como la jurisprudencia nacional y la literatura especializada, así como en la comparación de normas sustantivas y procesales relevantes. En la sección metodológica, se describe el tipo de investigación, la selección de resoluciones y la técnica de análisis documental empleada para descubrir ambigüedades y lagunas que permitan la aplicación subsidiaria del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil a los arbitrajes bajo el Régimen del Decreto Legislativo N.º 1071. Los hallazgos indican que, si bien el principio iura novit curia apoya una administración de justicia más integral, equilibrada y coherente, su aplicación, sin mecanismos adecuados de notificación y debate, puede socavar la seguridad jurídica y el derecho de contradicción.