Análisis de las posibles vulneraciones a las garantías procesales, en el caso de José Pedro Castillo Terrones, en el marco de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública: a propósito del expediente N.° 39-2022-2-5001- JS-PE-01

Abstract

El presente trabajo analiza las posibles vulneraciones a las garantías procesales en el caso de José Pedro Castillo Terrones, ex presidente de la República del Perú, en el marco de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública (Expediente N.° 39-2022-2-5001-JSPE- 01). La problemática se da a raíz del mensaje a la nación televisado que brinda, en ese entonces, el presidente Pedro Castillo, en el que anuncia la disolución temporal del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la convocatoria a elecciones parlamentarias. Dicho mensaje fue considerado un golpe de Estado y un quebrantamiento al orden constitucional, de tal manera que inmediatamente fue vacado por el Congreso bajo el motivo de “permanente incapacidad moral”, detenido policialmente y puesto a investigación por los delitos ya mencionados, con la observación de que no se cumplió el antejuicio político correspondiente. Hasta la fecha, Pedro Castillo ya no está solo procesado, sino condenado en primera instancia a más de 11 años de prisión y continúa recluido en Barbadillo, su defensa intenta impugnar la sentencia, lo que nos deja un debate abierto a lo que sería la interpretación judicial del delito de Rebelión, cuestión que abordamos en el presente trabajo, así como el análisis de la influencia política y mediática que recayó en el caso. Finalmente, se concluye que existió una afectación a las garantías procesales: principio de legalidad penal, derecho al debido proceso, presunción de inocencia y motivación de las resoluciones judiciales. Asimismo, se recomienda el reforzamiento en las medidas restrictivas de los derechos fundamentales y garantías procesales, en base a hechos verificables y que contengan una debida motivación, a fin de evitar interpretaciones extensivas.