Fundamentos para instaurar un sistema judicial en las extradiciones en el Perú

Abstract

La presente investigación propone cambiar el modelo de extradición peruano, para transitar del sistema mixto al judicial. Para lo cual se toma en cuenta el desarrollo histórico y jurídico que ha tenido la institución de la extradición y cómo ha evolucionado desde la esfera predominantemente política a la jurídica. Dicho tránsito se ha consolidado en los países que optaron por el sistema judicial, donde la intervención de los órganos del Poder Ejecutivo es mínima y se limita a facilitar la comunicación entre Estados a través de los conductos diplomáticos. Mientras que en los países que optan por los sistemas administrativos o mixtos, el rol del Poder Judicial se limita a brindar una opinión consultiva y la decisión final recae en el Poder Ejecutivo. A partir del análisis de los datos obtenidos mediante entrevistas a expertos y expertas, nacionales y un experto del país de Chile, así como del estudio de casos y la revisión de la doctrina y la jurisprudencia, se elaboraron los fundamentos de la propuesta. Entre ellos, destaca la constante vulneración del contenido del derecho al debido proceso, lo cual se manifiesta en la inobservancia de los plazos en el procedimiento de extradición y la afectación del citado derecho, en su manifestación del derecho a la defensa, así como el derecho a la libertad personal. Respecto al primero, la principal causa es la falta de celeridad, principalmente, en los actos del Poder Ejecutivo, lo cual conlleva superar los plazos establecidos para privar de su libertad al extraditable. Con relación al segundo, se observaron trabas en el acceso a la información contenida en la solicitud de la extradición, falta de traductores, intérpretes y defensores públicos que no cuentan con tiempo suficiente, ni con el grado de especialización para llevar a cabo una defensa efectiva. Dichos aspectos reciben un mejor tratamiento en el sistema judicial de extradición, donde priman las consideraciones jurídicas y se genera una institucionalidad acorde a las exigencias que impone la observancia de los derechos fundamentales y la cooperación judicial internacional en materia penal.