"Laicidad rogando y con el mazo dando" – Ley de libertad Religiosa (Ley Nº 29635) y Estado Laico

Abstract

La investigación tiene el objetivo de determinar la coherencia y consistencia de la Ley de Libertad Religiosa (Ley N° 29635) y el Artículo 50 de la Constitución Política del Perú con el principio de Laicidad del Estado. Para ello, se adoptó una metodología cualitativa, empleando como instrumentos fuentes de carácter público que incluyeron literatura eclesiástica (Constitución pastoral y declaración del Concilio Vaticano II), literatura jurídica (libros, revistas, artículos, diccionarios), leyes emitidas por el Congreso de la República, resoluciones ministeriales y del Tribunal Constitucional, así como tratados internacionales como el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, sin utilizar una muestra de personas, sino centrándose en el análisis exhaustivo y sistemático de estos documentos. Entre los resultados y conclusiones más importantes, se encontró que existe una gran confusión sobre la definición y aplicación de la laicidad en el ámbito político. A pesar de que las autoridades y el Tribunal Constitucional proclaman que el país es un auténtico Estado laico, este principio no está recogido expresamente en la Constitución, concluyéndose que la Ley de Libertad Religiosa (Ley N° 29635) y el Artículo 50 de la Constitución Política del Perú no son coherentes ni consistentes con el principio de Laicidad del Estado, favoreciendo más bien una pluralidad confesional estatal soterrada y reflejando una laicidad débil que no satisface los presupuestos de un Estado Moderno. Se explicó que la laicidad verdadera implica la separación institucional y neutralidad estatal, así como los principios de igualdad de trato y libertad de conciencia. Sin embargo, se evidenció que el Estado garantiza la autonomía y separación institucional, pero no la neutralidad estatal, lo cual tiene serias repercusiones en los principios de igualdad de trato y libertad de conciencia. Persisten rezagos confesionales, como la enseñanza de la religión católica en escuelas públicas, exenciones y beneficios tributarios para la Iglesia Católica, y una política de colaboración con confesiones religiosas que contradice la neutralidad. Además, se criticó que la Ley de Libertad Religiosa y su reglamento no consideren el supuesto del no creyente para derechos como la objeción de conciencia y que el Estado exceda sus funciones al definir y registrar entidades religiosas. En general, el país ha transitado de un carácter monoconfesional implícito a un pluriconfesional soterrado con una continua preferencia por la religión católica. Finalmente, se sugirió que el proceso hacia una laicidad plena debe ser gradual, comenzando por admitir que el Estado no es laico en sentido estricto y modificando el Artículo 50 de la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa.