El principio de prioridad registral y su impacto en la ejecución de garantías: La afectación de derechos del acreedor ejecutante no preferente en el proceso de ejecución de garantías ante la concurrencia de acreedores hipotecarios

Abstract

Este trabajo de suficiencia profesional aborda el principio de prioridad registral y su impacto en la ejecución de garantías, específicamente en el contexto de la afectación de los derechos de los acreedores ejecutantes frente al derecho preferente del acreedor no ejecutante. La investigación se centra en la experiencia del Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) en el ámbito judicial peruano, analizando cómo la prioridad de los registros de hipotecas influye en los resultados de los procesos de ejecución forzada y cómo afecta a los acreedores ejecutantes no preferentes. El principio de prioridad registral, contenido en el Código Civil y el Código Procesal Civil, establece que los derechos inscritos con anterioridad tienen preferencia sobre los inscritos más tarde. En los casos de ejecución forzosa, este principio permite que los acreedores no ejecutantes, a pesar de no haber iniciado el proceso judicial, puedan acceder al producto del remate de un bien inmueble antes que los acreedores ejecutantes si su registro es anterior. El trabajo analiza el modo en que la prioridad registral afecta en la repartición del dinero obtenido del remate y cómo, en ciertas situaciones, los acreedores ejecutantes, que cubrieron los costos del proceso, acaban sin recibir el total o una parte del producto de la ejecución, lo que les causa un perjuicio económico. Además, se examina la intervención de los acreedores no ejecutantes según el artículo 726 del Código Procesal Civil y se identifican las consecuencias jurídicas para el acreedor ejecutante en estos procesos. A través del análisis de dos casos específicos tomados del expediente N° 02998-2015-0- 1817-JR-CO-12 y el expediente N° 06949-2019-0-1817-JR-CO-12, se evalúan las implicancias de la aplicación de este principio en la práctica judicial y se proponen recomendaciones para equilibrar la protección de los derechos registrales con una mayor equidad procesal para los acreedores ejecutantes.