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La obligación alimentaria como causal de legitimidad de la demanda de reducción de alimentos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2026) Aguilar Alva, Hector Osver; Bermúdez Tapia, Manuel Alexis
La investigación, objeto del presente informe, donde se sustenta la suficiencia profesional, desarrolla una problemática en materia procesal, que refiere al requisito señalado en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, sobre la obligación de encontrarse al día en la prestación de la pensión de alimentos para admitir a trámite la demanda de reducción de la misma. Dicha problemática se presenta en los diferentes procesos de reducción de alimentos que se inician ante el Poder Judicial, los cuales, en su mayoría, son declarados inadmisibles y/o improcedentes por no haber cumplido el requisito antes señalado. Este rechazo liminar colisiona manifiestamente con el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, concretamente en el Derecho de Acción. Así también, este informe analiza las posturas de los órganos judiciales que han adoptado en la jurisprudencia nacional sobre la problemática antes señalada; en una primera posición, los jueces rechazan liminarmente la demanda de reducción de alimentos cuando en su calificación han observado que esta no cumple con el requisito establecido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, mientras que en una segunda postura, admiten la demanda y reservan la valoración de dicho requisito en la emisión de sentencia, la misma que, es valorada en conjunto con los fundamentos de fondo. Estas posiciones desiguales contravienen los principios de seguridad jurídica, predictibilidad de decisiones e igualdad ante de la Ley de las partes. En la etapa inicial del informe, se realiza un análisis exhaustivo de las normas jurídicas pertinentes que regulan los derechos involucrados en la problemática planteada, con el fin de delimitar claramente el alcance y los efectos legales que estos generan. Este estudio normativo permite comprender en profundidad cómo se estructuran y protegen dichos derechos dentro del marco legal vigente. Asimismo, se procede a identificar y evaluar las posibles consecuencias jurídicas derivadas del conflicto o colisión entre estos derechos, con el propósito de determinar la solución más adecuada desde una perspectiva jurídica. Para ello, se aplica el Test de Proporcionalidad, una herramienta fundamental que facilita el análisis equilibrado entre los derechos en conflicto, permitiendo valorar si se cumplen los subprincipios que lo integran, tales como idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Este procedimiento resulta esencial para establecer si los requisitos legales para interponer una demanda de reducción de alimentos están debidamente justificados y fundamentados, asegurando así que la decisión judicial se tome con base en un criterio objetivo y equilibrado, respetando los derechos de todas las partes involucrada, siempre respetando el marco de constitucionalidad. Luego, se realiza una análisis sistemático de la problemática jurídica, aplicando la metodología de una investigación cualitativa, en conjunto con su procedimiento, que permite identificar el origen de la problemática, su consecuencias y sus finalidades, para así, establecer una solución conforme a los principios generales del derecho y a la realidad de la capacidad económica de los demandantes, lo cual, garantice que la afectación de los derechos colisionados no hayan sido desproporcionales, esto es, que su afectación sea menor a la realización de su finalidad. Asimismo, el análisis se sustenta en los datos objetivos que han sido incorporados al presente informe a través de libros de Derecho, revistas jurídicas, jurisprudencia sistematizada y demás fuentes de información que permitirán fijar objetivos del resultado de la investigación. Por último, se sustenta la posición que adopta el presente informe, señalando los fundamentos jurídicos de la solución planteada, así como también, las recomendaciones propuestas para que estas sean tomadas en cuenta por los órganos jurisdiccionales con el fin de evitar la vulneración de los derechos de las partes en un proceso de reducción de alimentos.